Divorcio administrativo en Guerrero 2026: unos $4,411, requisitos y un acuerdo que fija 30 minutos

Costos en Guerrero

Concepto	Costo
Registro de divorcio administrativo entre nacionales: 23.50 UMA × $117.31 — Ley 419, art. 108, fracc. II, inciso E, numeral 3	$2,756.79
Cuatro impuestos adicionales de 15 % cada uno (educación, caminos, turismo y ecología) — arts. 51, inciso f, 52, 53 y 54	$1,654.07
Total calculado entre nacionales; no incluye la cuantía fija que Acapulco suma a sus registros ($43.97 en 2025)	unos $4,411
Total calculado entre extranjeros: 53.22 UMA más los mismos adicionales — numeral 4	unos $9,989
Anotación marginal: 2.14 UMA, sin adicionales — inciso I, numeral 4	unos $251
Copia certificada del acta de divorcio: 0.69 UMA, sin adicionales — inciso I, numeral 1	unos $81
Referencia: divorcio administrativo entre nacionales en la tarifa publicada por Acapulco para 2025	$4,298.03

Una ley aparte y tres vías

Guerrero no regula este trámite en su Código Civil, sino en la Ley de Divorcio de 1990. Su artículo 11 reconoce tres procedimientos: administrativo, voluntario e incausado. El artículo 4 deja el primero al oficial del Registro Civil y los otros dos al juez familiar o, donde no lo haya, al juez mixto de primera instancia.

Cinco condiciones en el artículo 12

• Los dos están de acuerdo.
• Ambos son mayores de edad.
• No tienen hijos.
• La mujer demuestra que no está embarazada.
• Liquidaron la sociedad conyugal, si se casaron bajo ese régimen e hicieron bienes.

Si se demuestra que alguna falló, el divorcio es nulo y hay penas del Código Penal (art. 14).

Ojo con los hijos adultos. La ley dice «no tengan hijos», sin excepción, y así lo repiten la Ley 495 del Registro Civil y las fichas municipales. El artículo 38 del Reglamento, en cambio, habla de «hijos menores de edad» al tratar la nulidad. Pregunta antes de iniciar.

Un acuerdo de 2026 cambia la lista

El acuerdo del 21 de abril de 2026, en vigor a los 20 días hábiles de publicarse, fija 30 minutos como plazo máximo y elimina actas de nacimiento, certificado médico, comprobante de domicilio, carta de vecindad y testigos. Deja cinco requisitos: solicitud en formato oficial, con protesta de que no hay embarazo ni hijos, o de que son mayores y no requieren alimentos; copia certificada o simple del acta de matrimonio; convenio de liquidación, o manifestación si no adquirieron nada; identificación, con poder especial ante notario si alguien no puede ir, y pago.

La Ley de Divorcio y la Ley 495 no cambiaron, y el acuerdo obliga a las unidades de la Coordinación Técnica. Las fichas municipales aún piden la lista completa: pregunta cuál aplican antes de juntar papeles.

El expediente, según la ley y el reglamento

El artículo 51 de la Ley 495 pide solicitud escrita, actas de nacimiento de los dos, acta de matrimonio, identificación oficial, certificado médico de no gravidez, comprobante de domicilio y dos testigos mayores de 18 años por cada cónyuge, con identificación. El Reglamento de 2014 (art. 37) agrega detalles:

• Certificado médico con máximo 15 días antes de la solicitud.
• Carta de vecindad de uno de los cónyuges, con seis meses de domicilio.
• Declaración separada de cada uno, bajo protesta, de su voluntad libre.
• Tres copias de casi todo.

La ficha de Acapulco y la de Zihuatanejo piden comprobante de domicilio, no carta: confirma cuál aceptan.

Con bienes o deudas en sociedad conyugal, llevas el convenio de liquidación hecho ante juez o notario (el Reglamento solo menciona al notario). Si no adquirieron nada, basta manifestarlo bajo protesta: la ley dice que se ratifica ante el juez, y la ficha de Acapulco, ante el oficial.

La autorización que alarga el plazo

El oficial levanta un acta y cita a ratificar: «a los 15 días», según la Ley de Divorcio, o «dentro del término de quince días», según la Ley 495. Ninguna aclara si son hábiles o naturales.

Además, el oficial no puede celebrar este divorcio sin autorización de la Coordinación Técnica estatal (Ley 495, art. 38, fracc. VII), y el Reglamento permite extender el plazo si se demora (art. 36). Zihuatanejo la pide tras ratificar y cobra al final, en la Tesorería municipal; Acapulco, antes de pagar y registrar.

Con ambas, el oficial los declara divorciados, levanta el acta y anota el acta de matrimonio. Para copias, ve acta de divorcio en Guerrero.

Cómo se llega a los $4,411

Cobra el ayuntamiento, pero la tarifa es estatal: las leyes de ingresos 2026 de Acapulco (art. 118), Chilpancingo (art. 64), Iguala (art. 48) y Zihuatanejo (art. 52) remiten a la Ley 419 de Hacienda. Su artículo 108 exime de impuestos adicionales a copias y anotaciones, no al divorcio, así que suman 60 % sobre la tarifa.

La tarifa de Acapulco para 2025 coincide con esa fórmula más $43.97, una cuantía fija que repite en sus registros y no desglosa. Su ficha avisa que registro, anotación y acta se facturan por separado. Pide la liquidación en tu oficialía antes de pagar. Entre extranjeros cambia la tarifa; si solo uno lo es, la ley no lo aclara.

Si tu boda se registró en otro lado

La oficialía que te divorcia envía el expediente a la del matrimonio para la anotación (Ley 495, art. 88), y el artículo 72 contempla oficiales de otros estados. Para bodas en el extranjero no hay regla propia: pregunta si debes inscribirlas antes (art. 53). En Acapulco, a los extranjeros les piden actas de nacimiento apostilladas.

Juez, notario y Código Nacional

Con hijos, bienes sin liquidar o embarazo, y de común acuerdo, procede el divorcio voluntario ante juez (arts. 16 a 19), con convenio y una junta entre 8 y 15 días después de la solicitud. Si uno no quiere, la vía es el incausado. La ley local no prevé divorcio ante notario.

El Código Nacional podría cambiar esto: ratificación en el mismo acto y cabida a hijos mayores que no requieran alimentos (art. 662), además de vía notarial (art. 661). Al 31 de octubre de 2026 no encontramos declaratoria de Guerrero. Un exhorto del Congreso local de junio recoge que debe expedirse a más tardar el 2 de diciembre; esa fecha no está en el decreto federal, que solo limita a 120 días naturales el lapso entre declaratoria y vigencia. El límite vigente es el 1 de abril de 2027, con entrada automática, aunque la Cámara de Diputados aprobó aplazarlo al 1 de julio de 2031. Falta el Senado.